Quiénes somos

La crisis financiera del año 2008 es señalada, por múltiples autores, como un momento de inflexión. En nuestra historia reciente, ese quiebre implicó la profundización de procesos des-democratizadores y autoritarios, reflejados en la aparición de figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Orban en Hungría, Salvini en Italia, Narendra Modi en la India, entre otros. El Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID) inició sus investigaciones sobre estas nuevas formas del autoritarismo social hace casi una década, cuando comenzaba a afianzarse la articulación de las mitologías autoritarias con el ethos neoliberal. Dirigido por Ezequiel Ipar, el equipo de investigadores desplegó un trabajo de discusión teórica y un programa de investigación empírica cuantitativo y cualitativo orientado a producir conocimiento sobre esta problemática, respondiendo metodológicamente a la vasta tradición sociológica local así como a las referencias y protocolos académicos internacionales. A fines de 2020 el GECID junto a la dirección Lectura Mundi, UNSAM crean el Laboratorio de estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA) con el objetivo de abordar de una manera sistemática los dilemas actuales de la democracia frente a la emergencia de neo-autoritarismos.

Los nuevos autoritarismos como desafíos para las democracias¹

Por Ezequiel Ipar

Observando los últimos golpes de Trump y sus seguidores contra el sistema democrático, nos damos cuenta de que hace ya tiempo el fantasma del autoritarismo dejó de ser una especulación de los intelectuales apocalípticos para transformarse en una presencia activa y desconcertante de la escena política. Sabemos que algo cambió para mal en las democracias contemporáneas, aun cuando no tengamos los conocimientos necesarios ni los conceptos adecuados para nombrar este cambio. En la punta de este iceberg lo que vemos son las tendencias antiigualitarias y antiliberales que han ganado protagonismo en distintas fuerzas políticas que de manera abierta se proponen restringir bajo modalidades agresivas la esfera pública democrática. Ya se trate del esfuerzo por desconocer resultados electorales, del hostigamiento selectivo en las redes sociales o de los atentados contra las expresiones políticas de los grupos sociales marcados como ilegítimos, a lo que estamos asistiendo a nivel político es a una gran rebelión contra el principio inclusivo de la democracia. Esto es lo que ahora vemos con claridad. Pero debajo de estas manifestaciones de autoritarismo político se han ido acumulando múltiples capas de un tipo más difuso y capilar de autoritarismo social que es el que en muchos casos genera las condiciones para estas manifestaciones antidemocráticas que ahora nos preocupan. Finalmente, es el crecimiento del autoritarismo social el que termina volviendo atractivas las propuestas de ley y orden, el supremacismo étnico, las diversas teologías políticas o ese tipo particular de liberalismo que se basa en denigrar los derechos de los otros. Los peligrosos desgarros que hoy vemos en el tejido institucional de las democracias se explican en buena medida por el crecimiento y la consolidación de nuevas formas de autoritarismo social.

Para tratar de entender la dinámica enigmática de los nuevos autoritarismos hay al menos tres instancias de la vida social que tenemos que estudiar mejor. En primer lugar, tenemos que poder relevar y analizar con datos precisos la conexión que existe entre las nuevas tecnologías de la comunicación digital (redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos, portales de noticias, etc.) y la aparición de un tipo de subjetivación muy predispuesta a las etiquetas prejuiciosas y al uso de la palabra pública como mero instrumento de descarga de violencia. El peligro no nos resulta desconocido: el aprovechamiento de las tecnologías de comunicación para la destrucción de la comunicación social que sostiene a la democracia. Pero estos riesgos de las tecnologías de la comunicación, cuando operan como los grandes mediadores en la construcción de la voluntad política y en la reproducción de nuestras convicciones, adquieren con las tecnologías digitales una capilaridad, una intensidad y un alcance inusitado, cuyos efectos recién ahora comienzan a ser investigados. Si pudiéramos probar, por ejemplo, que las empresas que dominan la comunicación digital lucran con los discursos de odio, la exacerbación de los prejuicios y las reacciones violentas, porque extraen de ese tipo de caldero lingüístico mayores beneficios económicos que los que obtendrían con otro tipo de diseño de sus plataformas, el interés de este descubrimiento excedería el campo de la investigación académica y podría transformarse en un material relevante para la regulación democrática de estas empresas y del espacio virtual que controlan.

Como sabemos, la libertad y la igualdad material en el ejercicio del discurso público son la sustancia de la formación democrática de la voluntad, que no pueden ser amenazadas o restringidas por intereses particulares sin que se vean afectados los principios constitutivos de las propias instituciones democráticas. En tal sentido, resulta curioso que recién después de veinte años del lanzamiento de redes sociales como Facebook, que comenzaron a dominar el espacio público de muchas sociedades a partir de una única plataforma tecnológica y empresarial, se hayan extendido los estudios sobre discursos de odio en internet en EE.UU. y Europa. El desafío es complejo pero urgente. Al mismo tiempo, como esta tarea depende de una comprensión de los lenguajes políticos y las tradiciones institucionales particulares, resultará catastrófico para la democracia en América Latina esperar a que estas investigaciones y sus desarrollos regulatorios se completen en los países que alojan a estas empresas tecnológicas. Tal como ha quedado claro en los recientes procesos electorales alrededor del mundo, quien no investigue y no problematice lo que sucede dentro de estas plataformas, no tendrá forma de regular ni de prevenir la colonización de estos canales de comunicación por parte de los nuevos autoritarismos sociales.

El segundo aspecto al que tenemos que prestarle atención es al mundo de los valores y las preferencias culturales, que han cambiado en varias direcciones sin mostrar la linealidad que las teorías de la modernización cultural suponían. En este mundo más autoritario y más desapacible –como lo ha llamado Habermas recientemente– se ha vuelto insostenible el esquema que supone un movimiento homogéneo en el que los ciudadanos de las sociedades democráticas se van volviendo necesariamente cada vez más tolerantes, abiertos a la diversidad cultural, convencidos de la virtud del respeto de los derechos humanos y proclives a una mirada racional en todas las cuestiones prácticas relevantes. El escenario político actual nos despertó de ese sueño del progreso abstracto. La reciente publicación del libro de Pippa Norris y Ronald Inglehart: La reacción cultural: Trump, el Brexit y el populismo autoritario sirve como testimonio de la dificultad del momento. Recordemos que los trabajos conceptuales y empíricos de Inglehart eran una de las principales fuentes de la tesis que encontraba en las sociedades modernas avanzadas un pasaje irrefrenable desde valores materiales, asociados a la seguridad y el nativismo, hacia valores postmateriales, mediante los que se generalizaba la aceptación del multiculturalismo, las libertades expresivas en el campo de la sexualidad y las identidades, y la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Lo que hoy vemos es en realidad una inversión de esos valores, con un marcado crecimiento en los países desarrollados del racismo y la xenofobia, la guerra contra los derechos adquiridos de las mujeres y las diversidades sexuales, y el desconocimiento de los riesgos ecológicos asociados a nuestras formas de organización económica.

La explicación que dan Norris e Inglehart de este proceso inesperado en la cultura política sugiere que la reacción autoritaria que estamos observando actualmente no es sino una respuesta frente al avance de los valores postmateriales, que siguen creciendo y difundiéndose con fuerza entre las nuevas generaciones. De allí el carácter absolutamente reactivo de los nuevos autoritarismos, que hacen de la violencia simbólica (y/o material) su primer recurso, como si fuera lo único que tienen a mano para detener una transformación cultural que sienten que lesiona los valores más profundos de su identidad. Este movimiento de respuesta, reaccionario en el sentido específicamente político del término, estaría dando cuenta de un agudo conflicto entre los valores de las diferentes generaciones, con los miembros de la generación de entreguerras y los baby boomers funcionando como los defensores de una constelación de valores materiales en decadencia. Esta interpretación del fenómeno del crecimiento del autoritarismo social es tan justificada como discutible (por el modo unilateral en el que interpreta las determinaciones de la cultura política), pero posee una importante limitación explicativa cuando la queremos usar en América Latina. En principio, los indicios válidos en los que sostiene sus análisis sólo son consistentes en el tiempo para Europa, puesto que surgen de los estudios periódicos de la Encuesta Social Europea. Por otro lado, la respuesta a la pregunta sobre las causas y la ubicación en el espacio social de las posiciones culturales más reactivas que ellos usan no coinciden con lo que motiva esas reacciones de oposición a los movimientos contraculturales en América Latina. Cuando realizamos con el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia una primera encuesta exploratoria en 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un tipo de indagación semejante al que utiliza Inglehart, pudimos observar efectivamente la vigencia del conflicto agudo entre las generaciones, pero los motivos y el significado de las constelaciones de los valores en juego son diferentes a los que ellos señalan. Para mencionar solo una diferencia, en nuestro estudio resultaba significativo el modo en el que las distintas generaciones habían elaborado el pasado de la dictadura militar, lo que marca una distribución de posiciones y una dinámica relativamente diferente a la que se puede observar en el pasaje de los valores materiales a los postmateriales de Inglehart. Esta relación con el propio pasado autoritario, que resulta importante para explicar lo que hoy está pasando en Alemania, Italia o España, no es adecuadamente considerada en los estudios sobre autoritarismo que dependen de concepciones excesivamente abstractas de los valores culturales. En cualquier caso, esta trama de órdenes valorativos contrapuestos es, sin duda, el segundo terreno en el que deberíamos profundizar nuestro conocimiento para entender la dinámica de los nuevos autoritarismos, intentando cubrir los déficits de información científica relevante sobre estos fenómenos en América Latina.

El último aspecto que creo que debemos destacar es la conexión de estas emergencias autoritarias en la ciudadanía con las transformaciones en la esfera económica. Sin dudas, la determinación económica del autoritarismo es uno de los temas clásicos tanto en la sociología como en la ciencia política. En Argentina, para citar solo un ejemplo muy conocido, varios estudios sobre autoritarismo como los que realizó Gino Germani en el siglo pasado intentan poner en relación los efectos de una modernización económica acelerada (y desequilibrada) con los desvíos de una modernización político-cultural (democrática) que nunca terminaba de afianzarse. Cuando hoy se busca explicar esta relación entre la situación que dejan las crisis económicas y los fenómenos de adhesión a ideologías autoritarias se suelen observar asociaciones más simples, como la influencia en estos procesos de altas tasas de desempleo, recesiones duraderas, contextos inflacionarios o dificultades para salir del estancamiento en los ingresos de las familias. En realidad, la explicación económica de los procesos de crecimiento del autoritarismo implica dar cuenta de determinaciones más escurridizas, pero en muchos casos también más importantes para entender lo que está pasando y lo que puede suceder hacia el futuro en una economía globalizada que no posee ninguna instancia democrática de regulación. Inciden en estos procesos factores tan diversos como los cambios estructurales en el mercado laboral que tienden a generalizar el fantasma de la precarización, las transformaciones en la gestión de las tecnologías que rediseñan y sustituyen los viejos puestos de trabajo, el deterioro del Estado de bienestar y la dificultad para imaginar otras políticas de integración económica que puedan ir más allá de la relación salarial.

No es casual entonces que en el contexto de una crisis económica en dos momentos (2008 y 2020) aparezca un malestar que puede ser canalizado por posiciones políticas autoritarias. Estas suelen ofrecer, aún en lo que tienen de ilusorias, aquello que se les niega a muchos individuos a través de la estrecha justicia de mercado de las economías actuales: la pertenencia a una comunidad de iguales y el reconocimiento por sus logros y sus capacidades. Evidentemente, esta traducción del malestar económico en identificaciones políticas autoritarias resulta problemática desde el punto de vista de la normatividad democrática, porque esa comunidad ilusoria es una comunidad excluyente (supremacismo, racismo cultural, etc.) y porque las lógicas de reconocimiento que implementan son esencialmente antiliberales (el reconocimiento del logro propio proviene de lo que se le niega a otros en términos de derechos). Pero precisamente porque se trata de una relación compleja entre economía, sociedad y política, es necesario seguir estudiando lo que sucede, analizar el modo en el que distintos grupos sociales viven la crisis, así como la pluralidad de alternativas que imaginan. No tiene sentido detener el análisis en la consideración cosificadora y moralizadora que critica –sin comprender– lo que están haciendo hoy los trabajadores sin formación superior que se rebelan frente a su situación económica votando candidatos autoritarios. Un verdadero análisis de los nuevos autoritarismos tiene que ir más allá de las meras asociaciones estadísticas entre tasas de desempleo, nivel de formación de los trabajadores y preferencia política. Habría que indagar de otra manera ese malestar, para poder interrogar efectivamente cuáles son las otras alternativas que la adhesión autoritaria cancela.

Todo lo anterior señala el camino para una investigación sobre los nuevos autoritarismos que carecería de sentido si no pudiera entrar en diálogo con el modo en el que la propia sociedad discute problemas como el racismo, la xenofobia o la aporofobia. Cuando pensamos en una investigación sobre los efectos ideológicos de las tecnologías o cuando decimos que tenemos que estudiar la fusión de ideas muy viejas con tecnologías muy nuevas, no imaginamos que pueda existir esta indagación sin la participación de la propia sociedad en la definición de su alcance y de los criterios de los propios términos de la discusión. Si bien todos los conceptos de las ciencias sociales son falibles y polémicos por definición, cuando usamos el concepto autoritarismo en una investigación sobre el presente de nuestras sociedades, tenemos que estar dispuestos a discutir con el conjunto de la ciudadanía el significado de esta palabra. Pero esa discusión abierta sobre el autoritarismo contemporáneo siempre requerirá materiales de investigación bien construidos, estudios empíricos sistemáticos y desarrollos teóricos significativos, que son una parte importante de los insumos a través de los cuales una sociedad democrática se conoce a sí misma. Colaborar en la realización de estas investigaciones es el horizonte que nos hemos propuesto en el LEDA.