La sanción de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA), que comprenden explícitamente la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos, las tensiones que se presentan para efectivizarlos y las discusiones teóricas y políticas que las precedieron y acompañan, hacen de la Educación Sexual Integral (ESI) un campo de debates y saberes insoslayable, sobre todo para quienes trabajan/mos en instituciones transitadas NNyA. A más de 16 años de la sanción de las leyes de Educación Nacional (n°26.026), de Protección Integral de los Derechos de NNyA (nro. 26.061) y  de Educación Sexual Integral (n° 26.150), siguen siendo necesarias instancias de reflexión e intercambio alrededor de cómo generar espacios educativos respetuosos de la diversidad, con una mirada amplia y no prescriptiva de la sexualidad y regidos por una perspectiva de género. En este sentido, si bien las pruebas Aprender del año 2019 dan cuenta de un avance significativo en torno a la enseñanza de contenidos de relacionados con la sexualidad, también es significativo el peso de los paradigmas biologicistas, moralizantes y/o judicializantes en dichos abordajes pedagógicos.

Por otra parte, en el país se ha conquistado un marco normativo que ofrece la institucionalidad necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. Se trata de las leyes de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (n° 26.485), de matrimonio igualitario (n° 26.618), de Identidad de Género (n° 26.743), de Reproducción Asistida, de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial (n° 26.862), y de las recientemente sancionadas Ley Micaela (n° 27.499), Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (n° 27.610), y Ley de Promocion del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgeneo "Diana Sacayan-Lohana Berkins" (n° 27.636)

A casi dos décadas de iniciado en nuestro país dicho proceso, aún hay instituciones que no han desplegado lo que prescribe la ley de Educación Sexual Integral (ESI) por desconocimiento y/o por no haber podido aceptar el desafío de transitar discusiones en torno a las sexualidades e identidades, o bien lo hacen desdibujando dimensiones claves como la del deseo.

A fin de acercar un aporte que contribuya a revertir dicha situación, proponemos un programa en Educación Sexual Integral destinado a trabajadores/as de la educación en formación y/o en ejercicio en el sistema educativo formal y/o no formal.

Al hablar de sexualidades estamos haciendo referencia a una dimensión relacional, históricamente construida, constitutiva de la vida e identidad de las personas. Es decir que su conceptualización implica considerar sentimientos, saberes, cuerpos, normas, valores, creencias, transgresiones, tradiciones, actitudes, formas de vincularse con otros, otras y otres, sentidos, deseos, placeres, prácticas, reflexiones, roles, fantasías, resistencias y toma de decisiones.

En el marco de este programa, entendemos que las sexualidades, si bien están condicionadas socialmente, son experiencias contingentes que se configuran al desplegarse con otres. Por ello, nos apartamos de las argumentaciones que indican como válido y “normal” un solo modo de vivirlas (el hetero-normativo); comprendemos dimensiones que no se agotan en lo genital y nos referimos a las mismas en plural, evitando la dicotomía “varón-mujer”. En este sentido, observamos que la educación se encuentra aún hoy con el desafío de promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados que constituyen uno de los principales medios de reproducción de desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas a las expresiones de género y de la sexualidad. Para esto proponemos trabajar en problematizar prácticas y discursos tendientes a captar la diferencia como lo desviado con referencia al paradigma de la “normalidad”. Si sostenemos patrones de referencia fijos corremos el riesgo de transformarlos en “lo único”.

El reconocimiento de las diversas formas de vivir y expresar la identidad de género y la orientación sexual es un derecho consagrado en nuestro marco normativo, al igual que el acceso a la salud sexual y reproductiva, a la interrupción de embarazos, y al debate abierto, científico y plural sobre estos temas en el ámbito educativo. Ello implica que, antes que pensar la visibilización de las disidencias en términos de tolerancia y aceptación, tenemos que movilizar un proceso de problematización de los supuestos, normas, estructuras y prácticas que encarnan la segregación, discriminación, invisibilización y desigualdades de las personas LGBTI, las organizaciones familiares no heteronormativas, y que condenan a prácticas y deseos sexuales como prácticas pecaminosas o patológicas.  Si entendemos a la sexualidad como un derecho, central al ejercicio de la ciudadanía, es fundamental que las instituciones educativas promuevan su respeto. Para este propósito, es necesario promover espacios de formación e intercambio amparados en el paradigma de los derechos humanos y que reconozca a NNyA como sujetos de derecho.