Es información relacionada con programas, decisiones, acciones y todo tipo de dato contenido en documentos en cualquier formato (texto, imagen, etc.) que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados de la Ley 27.275 de Acceso a la Información, salvo aquellas excepciones previstas en el artículo 8 y el decreto reglamentario 206/2017. La UNSAM está comprendida dentro de los sujetos obligados por ser un organismo público autónomo.

Es el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado y de los sujetos obligados por la Ley de 27.275. De esta manera, las personas pueden conocer las transformaciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios pone a disposición. Es vital para fortalecer y mejorar las instituciones públicas y ha sido consagrado en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.
En 2004, los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción dispusieron “promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos” y se comprometieron a adoptar las medidas que fuesen necesarias para aumentar la transparencia en la administración pública, entre ellas, garantizar el acceso eficaz a la información a fin de fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan ese sector.
Mediante la Ley Nº 26.097 de 2006, la República Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, orientada a perseguir la corrupción administrativa y el derecho de acceso a la información pública fue garantizado por Ley 27.275 en el año 2016.